Caso Convenios: prisión preventiva para exfuncionario del GORE Araucanía por fraude y lavado de activos

Temuco, enero de 2026.– El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva de un exfuncionario del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, formalizado en una de las aristas del denominado Caso Convenios. La medida fue adoptada tras una extensa audiencia de formalización que se prolongó por cerca de 12 horas.

Según expuso el Ministerio Público, el imputado habría participado en al menos 10 hechos constitutivos de delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y falsificación de documentos, en el marco de un esquema descrito como un “negocio familiar” al interior del GORE Araucanía. En la causa también fueron formalizadas su conviviente y su suegra, quienes quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

El fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Raúl Espinoza, explicó que el exfuncionario se desempeñó en la Dirección de Industria y Fomento (Difoy) durante la administración del exgobernador Luciano Rivas, ejerciendo funciones como encargado de seguimiento en tres convenios financiados con recursos públicos.

De acuerdo con la investigación, uno de estos convenios estaba vinculado a la Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de La Araucanía y otros dos a la Universidad Autónoma, involucrando directamente a empresas relacionadas con su pareja y la madre de esta. El persecutor detalló que se habrían creado empresas de papel para adjudicarse subsidios estatales en concursos públicos destinados, en teoría, a financiar proyectos de particulares.

Asimismo, se imputó la simulación del funcionamiento de empresas y la falsificación de compras de equipos, utilizando documentación falsa para respaldar proyectos que, en varios casos, eran aprobados por el propio imputado desde su cargo público.

En cuanto a los montos defraudados, el fiscal precisó que los proyectos de mayor cuantía alcanzaron aproximadamente los 45 millones de pesos y estaban asociados a la Agencia de Desarrollo Productivo, mientras que otros correspondían a montos menores —tres de 10 millones y cinco de 5 millones de pesos— vinculados a convenios con la universidad.

Tras acoger los argumentos de la Fiscalía, el tribunal estimó que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando su prisión preventiva. En el caso de las coimputadas, al no ser funcionarias públicas, se resolvió aplicar medidas cautelares de menor intensidad.

Finalmente, el Juzgado fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, en una causa que se suma a las múltiples aristas del Caso Convenios que se indagan actualmente en la región de La Araucanía.