Concejales de Temuco denuncian ante Contraloría presuntas irregularidades en convenios municipales

Cuatro concejales de oposición acudieron a la Contraloría General para denunciar eventuales irregularidades en tratos directos entre el Municipio de Temuco y la empresa Paradigma Sur, que habría obtenido contratos por más de $700 millones en tres años.

Hasta la Contraloría General de la República llegaron los concejales de Temuco Micaela Becker, Claudia Peñailillo, Estrella Quidel (PSC) y Pedro Greve (Partido Republicano), para presentar una denuncia por presuntas irregularidades en tratos directos entre el municipio y la empresa de capacitación Paradigma Sur.

Según los denunciantes, la compañía se habría adjudicado diez contratos municipales por un total de $752 millones en un periodo de tres años, lo que —a su juicio— configuraría un patrón de favoritismo y uso irregular del mecanismo de contratación directa.

De acuerdo con los antecedentes presentados, la situación involucra al exdirector de Aseo y Ornato, Gustavo Fuentes, quien formó parte de la Comisión Evaluadora y firmó documentos de adjudicación a favor de Paradigma Sur, empresa que pertenece a Josué Bustamante, con quien mantendría una relación de amistad.

“Todo comenzó en 2022, cuando la empresa firmó cinco tratos directos con la Municipalidad de Temuco por cerca de 200 millones de pesos”, explicó el concejal Pedro Greve, agregando que el funcionario no se inhabilitó pese al vínculo personal existente.

El abogado Sergio Zúñiga, asesor de los concejales, señaló que los tratos directos están pensados para situaciones de urgencia o fuerza mayor, “pero en este caso se utilizaron para servicios comunes como corte de pasto y mantención de áreas verdes”, afirmó.

Posterior a esos cinco contratos directos, la Municipalidad de Temuco abrió cinco licitaciones públicas adicionales que también fueron adjudicadas a Paradigma Sur, la que ya contaba con la experiencia técnica que exigían las bases.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los ediles es el rápido crecimiento de la empresa: en 2019 no tenía empleados registrados, mientras que en 2022 ya contaba con 59 trabajadores, coincidiendo con el inicio de sus contratos con el municipio.

Desde la Contraloría, el caso fue admitido a trámite para análisis y revisión de los antecedentes que permitan determinar si existió o no vulneración de la probidad administrativa o uso indebido de mecanismos de contratación pública.