Escándalo en Gendarmería: desbaratan red de corrupción con ramificaciones en La Araucanía

Temuco, diciembre de 2025.– Un operativo sin precedentes en el sistema penitenciario chileno dejó al descubierto una extensa red de corrupción al interior de la cárcel Santiago 1, cuyo funcionamiento habría permitido al crimen organizado operar desde el interior del recinto con la colaboración directa de funcionarios públicos. Las diligencias, desarrolladas de manera simultánea en siete regiones del país, incluyeron procedimientos en la Región de La Araucanía.

Según los antecedentes revelados por una investigación periodística de CIPER Chile, al menos 42 gendarmes están siendo investigados por delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusados de recibir pagos sistemáticos a cambio de vulnerar los controles de seguridad más estrictos del penal.

La indagatoria expone la existencia de un verdadero “mercado negro” al interior de Santiago 1, donde los funcionarios involucrados habrían establecido un tarifario informal para distintos favores. Entre ellos, $60 mil pesos por permitir el ingreso de visitas sin identificación, evitando el registro biométrico; $350 mil por el ingreso de teléfonos celulares; $100 mil por cambios de módulo, y $15 mil por el uso de baños para encuentros sexuales.

Uno de los aspectos más graves del caso es la simulación de controles de seguridad, ya que cámaras del recinto registraron a funcionarios fingiendo la revisión de documentos y huellas dactilares para permitir el acceso de personas sin identificación válida, algunas presuntamente vinculadas a bandas criminales de alcance internacional.

El operativo de captura involucró a cerca de 700 efectivos de la PDI y Gendarmería, quienes actuaron sobre 77 blancos investigativos en distintas regiones del país. La inclusión de La Araucanía en este despliegue evidencia que las ramificaciones de la red no se limitaban a la Región Metropolitana, sino que también alcanzaban a otras zonas del país, ya sea por vínculos operativos o patrimoniales.

De acuerdo con los antecedentes del caso, esta investigación se originó tras amenazas de muerte y atentados contra funcionarios que intentaron denunciar y frenar estas prácticas, lo que da cuenta del nivel de penetración y poder que las organizaciones criminales habrían logrado ejercer al interior de la institución.

El caso ha sido calificado como el episodio más grave de infiltración del crimen organizado en Gendarmería desde el retorno a la democracia, abriendo un nuevo flanco de preocupación en materia de seguridad pública, probidad institucional y control del sistema penitenciario.