Funcionaria de la Contraloría opera emprendimiento de pastelería en casa fiscal en Temuco

Una funcionaria de la Contraloría General de la República mantiene un negocio de repostería llamado “Picha Pastelería” en una vivienda fiscal de Temuco, sin contar con resolución sanitaria ni autorización para uso comercial. Además, recibe una asignación de zona por Punta Arenas, pese a trabajar en modalidad de teletrabajo desde La Araucanía.

Temuco, 20 de octubre de 2025.– Una investigación periodística de Araucanía Diario reveló que una funcionaria de la Contraloría General de la República, identificada como Patricia Pontigo Burgos, estaría utilizando una vivienda fiscal en Temuco para operar un emprendimiento de pastelería denominado “Picha Pastelería”, sin autorización sanitaria ni permiso para actividad comercial.

El negocio, ubicado en el sector Lomas de Mirasur, promociona tortas y productos de repostería a través de redes sociales, con la descripción: “Pastelería a pedido. Recetas familiares valdivianas. Pedidos al DM. Temuco, Las Lomas de Mirasur”.

De acuerdo con las imágenes publicadas en sus perfiles digitales, el emprendimiento elabora tortas caseras con ingredientes perecederos —como manjar, crema pastelera y lácteos—, lo que exige una resolución sanitaria según la normativa vigente para microempresas familiares que manipulan alimentos.

Uso irregular de vivienda fiscal

El inmueble donde funciona la pastelería corresponde a una casa fiscal asignada por la Contraloría, lo que, conforme al artículo 21 del reglamento de uso de inmuebles fiscales, impide destinar la vivienda a fines distintos del habitacional.

“Los funcionarios a los que les sea asignado un inmueble estarán sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones: destinar la vivienda exclusivamente al uso habitacional”, establece la normativa.

La Contraloría ha anunciado recientemente auditorías sobre el uso de viviendas fiscales por parte de funcionarios públicos, sin que hasta el momento se haya referido a este caso específico.

Asignación de zona de Punta Arenas

El reportaje también consigna que Pontigo Burgos figura en la planta profesional de la Contraloría en Magallanes, percibiendo una asignación de zona de $582.494 mensuales, beneficio establecido por el Decreto Ley N°249 del Ministerio de Hacienda, destinado a funcionarios que residan en zonas de aislamiento o alto costo de vida.

Sin embargo, según el medio, la funcionaria reside en Temuco —donde mantiene su negocio de repostería— y trabaja mediante teletrabajo, lo que cuestionaría la legalidad de dicha asignación.

En total, su remuneración mensual ascendería a $3.871.954, incluyendo los distintos ítems salariales asociados a su cargo.

Sin respuesta oficial

Hasta el cierre de la publicación, Araucanía Diario informó que intentó obtener una versión oficial de la Contraloría General de la República, sin recibir respuesta desde el área de comunicaciones.

La situación ha generado debate en torno al uso de bienes fiscales, la transparencia institucional y los controles sobre asignaciones regionales, especialmente en el contexto de la propia labor fiscalizadora del organismo.