Revelan que Bernarda Vera estaría viva en Argentina tras figurar como desaparecida

Reportajes de Chilevisión y Reportea aseguran que Bernarda Vera, inscrita por décadas como detenida desaparecida en el Informe Rettig, reside actualmente en Argentina. El hallazgo genera cuestionamientos al Gobierno y al Plan Nacional de Búsqueda.

Han pasado más de 50 años desde que Bernarda Vera fue inscrita en la lista oficial de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su nombre figura en el Informe Rettig como una de las 1.162 víctimas cuyo paradero era un misterio. Sin embargo, recientes reportajes de Chilevisión y Reportea sostienen que Vera estaría viva y residiendo en Argentina.

El caso ha generado un fuerte impacto, ya que la versión oficial consigna que Vera, profesora primaria y militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Valdivia, y presuntamente ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica, sobre el río Toltén. Desde entonces, se la consideró desaparecida y su familia recibió reparaciones como víctima de violaciones a los derechos humanos.

Testimonios posteriores, como el del exmilitante José Bravo, ya habían puesto en duda esta versión. Bravo relató que Vera habría escapado hacia la montaña junto a un grupo de sobrevivientes liderado por el sueco Svante Grande y que, más tarde, huyó a Argentina y Suecia. Documentos del Servicio de Migraciones sueco indican que en 1978 obtuvo residencia y, en 1984, la nacionalidad sueca.

En 2024, un reportaje periodístico ubicó en Mar del Plata a una mujer con el mismo nombre y fecha de nacimiento coincidente. Su propio hijo reconoció que se trataba de la misma persona. “Ella siempre supo que este momento llegaría, pero no tiene miedo a nada”, declaró a los medios. La mujer, en tanto, ha pedido mantener su vida en paz y evitar hablar de su pasado.

El hallazgo ha generado críticas al Plan Nacional de Búsqueda. El exjefe de la Brigada de DDHH de la PDI, Sandro Gaete, acusó que el organismo conocía esta información desde hace más de un año y medio, lo que derivó en su renuncia. La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, aseguró que recién en mayo de 2025 recibieron antecedentes “documentales y concretos”. No obstante, Reportea reveló que la Cancillería ya había informado a las autoridades y a la familia un mes antes.

En medio de la polémica, el ministro en visita y presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, abrió un cuaderno reservado para indagar si el Estado manejó adecuadamente la información y si hubo falta de diligencia en el esclarecimiento del caso.